LIC. OSCAR MÉNDEZ CERVANTES

Por LIC. OSCAR MÉNDEZ CERVANTES

III y último.

La defensa que se ha hecho del liberalismo de nuestros primeros gobiernos independientes, ha subrayado –casi hasta el paroxismo- que las negociaciones de éstos gobiernos con la Santa Sede en torno del Patronato sufrieron injustificables dilaciones por causa de la rendida “consideración a España” por parte del Vaticano. Esa misma defensa, por cierto, se ha llegado hasta a manifestar condolida de las lastimosas necesidades espirituales de Méjico cuyo remedio estuvo en suspenso durante los años en los que se gestionaba el acuerdo con Roma. Ello no deja de resultar un poco curioso, ya que proviene de una pluma que se distingue por el talento, pero no precisamente por su consideración a las opiniones y exigencias populares en materia religiosa. Lo cual, invenciblemente, nos recuerda que la ponderación lastimera de las aludidas necesidades espirituales del pueblo también estuvo en boca de nuestros gobiernos que, por influjos liberales y antirreligiosos, a toda costa ansiaban –para facilitar y disfrazar su ataque al catolicismo- que el Papa les confirmase en el ejercicio del Patronato que ellos se habían gratuitamente arrogado.

Lo cierto es que la presión de la corte de Madrid ante el Vaticano sí influyó en que éste retardase el reconocimiento de nuestra independencia. Sólo que ese era un negocio diverso, y, aunque para nosotros muy importante de carácter esencialmente político, en el que el Romano Pontífice actuaba con su carácter de soberano temporal. Tal circunstancia, desde luego, era un obstáculo obvio –aunque no insuperable- para la resolución del problema de Patronato. Pero además y en manera notoriamente influyente sobre las disposiciones de ánimo en Roma sobre el mismo asunto, ésta no ignoraba cuál era y qué origen secreto tenía el espíritu irreligioso que inspiraba a los que, en Méjico, hacían que el Estado asumiese una actitud originariamente ilícita al pregonar que el Patronato era derecho inherente a la soberanía política, y al ampliar, además, según ya vimos, las pretensiones estatales en materias religiosas hasta extremos apenas veladamente cismáticos.

Sobre la fuente secreta de la conjura liberal en torno al Patronato, hay que recordar que el enviado mejicano en Roma, el padre Vázquez, negaba de buena fe los influjos de las logias masónicas en el seno del gobierno que representaba. Sin embargo, contra eso consta el testimonio de quien tuvo motivos para estar mejor enterado: Mateos, historiador de la masonería mejicana, que dice claramente cómo Ramos Arizpe, ministro de asuntos eclesiásticos, creyó, “de acuerdo con los masones mejicanos, que era llegado el tiempo DE SOMETER AL CLERO A LAS LEYES DEL PATRONATO”.

Y años más tarde, cuando en Méjico había dado muestras más avanzadas el liberalismo de su programa persecutorio, el propio Vázquez, ya entonces obispo de Puebla, el mismo que ante la Santa Sede había defendido fidelísimamente, con gran firmeza y patriotismo, la dignidad de Méjico como nación soberana y cristiana, creyó, por el contrario, su deber, advertir al Santo Padre, ante la renovación de las instancias para que el Pontificado confirmase el Patronato. Y entre otras cosas, muy reveladoras, le decía: “…Y si (lo que Dios no quiera) vuelven a mandar los que desterraron a los obispos y persiguieron a la Iglesia, ¿qué no harán con el derecho de Patronato y demás gracias pontificias? ¿No las emplearán en perjuicio de la Iglesia? ESTO ES LO QUE YO TEMO y dejo a la prudencia y luz superior de V.P.”

Ahora bien, la dilación primera y mayor en las negociaciones con la curia romana fue imputable no precisamente a ésta, sino al hecho de que aquí no se llegaba a una decisión en lo que respecta a instruir convenientemente sobre su gestión al padre Vázquez. Y no se podía llegar a esa decisión puntualmente porque los sucesivos proyectos de instrucciones traspiraban heterodoxia por todos los poros y suscitaban la natural, legítima y aun obligatoria oposición. Tal estado de indefinición duró desde 1823 hasta 1827, año, éste último, en que Vázquez –salido de México desde 1825- recibió sus primeras instrucciones, a las que siguieron otras en 1829, ya del gobierno de don Vicente Guerrero, y tan más claramente heterodoxas que provocaron el que renunciara a su cargo el propio padre Vázquez.

Si las urgencias espirituales eran lo que preocupaban fundamentalmente al “católico” Estado mejicano de entonces, ¿por qué no consintió durante todos esos años en ceñirse a procurar, antes que otra cosa, un arreglo sobre los problemas específicamente religiosos, como el principalísimo de la inmediata provisión de vacantes eclesiásticas, al mismo tiempo que dejaba tendidos los puentes diplomáticos para resolver después todo lo demás, y haciendo incluso todas las salvedades que exigiese el decoro de nuestra afirmación como entidad política independiente?... Que ello era posible lo demuestra la correspondencia del padre Marchena, agente oficioso del gobierno de Méjico en Roma, quien, en febrero de 1824, informaba que el papa León XII estaba dispuesto a recibir gustoso “en lo privado” a cualquier enviado mejicano para tratar “todos los puntos que se le propongan, menos los que pertenezcan al reconocimiento de la independencia, la que dice no reconocerá sino después que todas las naciones por ser ésta la costumbre de la Corte Romana”.

Cuando, derrocado Guerrero, Bustamante envió en 1830 nuevas instrucciones a Vázquez, éstas se concretaron, con sentido práctico y patriótico, a que se negociara lo que era vital y urgente: proveer de pastores a nuestras iglesias, “reservando para después la declaración del Patronato y demás puntos contenidos en las instrucciones al efecto”. Entonces, y gracias sobre todo a la habilidad y dignidad –que no detallamos por falta de espacio- con que se condujo Vázquez, las negociaciones ante los nuevos pontífices, Pío VIII y Gregorio XVI, se volvieron menos difíciles, y, superadas todas las contraproposiciones inaceptables que al enviado mejicano se hicieron, las pláticas culminaron en febrero de 1831 en el nombramiento que la Santa Sede hizo de los obispos que proponía el gobierno mejicano, aunque empleando la expresión “motu proprio” que daba a entender que los nombramientos no tenían más fuente de base que las prerrogativas soberanas de la Iglesia en lo espiritual.

Esto sucedió –nótese bien- a pesar de “la consideración a España”, dos años antes de la muerte de Fernando VII.

Concluyamos, pues, que efectivamente, en este asunto del Patronato y en orden a nuestras discordias intestinas “Méjico fue la víctima”, pero, más que Fernando VII, fue “el liberalismo el victimario”.