Ultraje a la Bandera
Publicación original: Novedades, 5 de marzo de 1951.
Autor: LIC. OSCAR MÉNDEZ CERVANTES.
Temas: bandera nacional, justicia militar, civismo y caso Goodman.
Por LIC. OSCAR MÉNDEZ CERVANTES
Si nos atenemos a las noticias periodísticas, Gregorio Goodman de padres extranjeros, pero nacido en Méjico, y, por ello, recluta del servicio militar nuestro, fue condenado a un año de prisión por desobediencia a órdenes superiores. Al propio tiempo –y siempre al tenor de las informaciones de los diarios-, quedó convicto de injurias a la Bandera y al Himno nacionales, al ejército y al pueblo mejicanos, sólo que toda pena por este último delito le fue condonada en atención a sus antecedentes escolares y a su buena conducta en la prisión.
La defensa de Goodman habla de arbitrariedades de un superior y le achaca ligereza en el parte que, por él rendido, motivó la acción jurisdiccional contra el acusado. Los argumentos de la defensa son, al parecer, inconvincentes. Y esto decimos porque es obvio que las notas periodísticas no pueden tener, de ordinario, la fidelidad y la extensión de las actas judiciales.
Pero si lo primeramente referido es exacto, no puede uno menos que asombrarse del criterio que inspiró el fallo del consejo de guerra, en este caso.
Castigar el delito de evidente menor cuantía, y perdonar, en cambio, culpa tan grave como el ultraje a la Bandera y al Himno de Méjico, y ello por razones tan lejos de toda proporción con la calidad del crimen inculpado, francamente no tiene explicación plausible.
Este veredicto, por sangriento sarcasmo, tuvo lugar precisamente la víspera del día consagrado a la exaltación de la insignia en que todos los mejicanos bien nacidos confluyen en amor y en reverencia.
Ya es mucho que en el mismo punto y momento de la injuria –manifiesta y múltiple en su expresión, según los informadores- no sobreviniese la reacción irreprimible y espontánea de un castigo físico e inmediato de los testigos. Pero, ¿cómo justificar la lenidad del cuerpo judicial castrense? ¿En dónde queda la devoción a la bandera que se supone todo soldado está dispuesto a honrar y hacer honrar, hasta la muerte? ¿No habrá coyuntura para que el fiscal apele de la inverosímil sentencia?
Por otra parte, delito tan grave, ¿no tiene médula que trasciende su aspecto militar, y no asume una nacional resonancia, puesto que toca y hiere a la Patria, que es cosa que pertenece a todos los mejicanos y no sólo al Ejército? ¿No hay otras autoridades, además de las militares, que puedan y deban tener intervención en capítulo tan escandaloso y de tanta monta para la total sociedad nacional?
Estamos ciertos de que el pueblo se está haciendo éstas y otras preguntas análogas. Habrá que ver si hay quien se las conteste satisfactoriamente y sin circunloquios.
De lo que no puede caber duda es de las consecuencias, gravísimamente disolventes, que se seguirían de que en este episodio las cosas quedasen como hasta aquí. Porque el influjo de los hechos –tal como acontece en los individuos- se fija sin remedio en la conciencia o en la subconciencia colectivas. En una o en otra quedaría la impresión –que sólo oportunas rectificaciones podrían borrar- de que una afrenta al símbolo que encarna a la Patria es falta, a lo sumo, venial, en que cabe muchísima indulgencia para enjuiciarla, ya que un tribunal de los que por antonomasia son tenidos por más severos, se le muestra tan benigno.
No puede negarse que éste es uno de los peores aspectos del fallo que motiva nuestro comento. Sin embargo, aún hay más: ¿con qué cara podremos los mejicanos, en buena lógica, exigir respeto –con carácter oficial o privado- a nuestra bandera, en el exterior, cuando en nuestra propia casa no somos capaces de imponer el que se le debe, ese que le conquistaron legítimamente cuantos por enaltecerla o defenderla cumplieron heroicas hazañas o incluso entregaron la vida?
Y hay que considerar, además, que si el delito, como parece, existió, fácil resulta la presunción del ambiente familiar –y, tal vez, escolar- nada mejicanista que pudo psicológicamente incubarlo. Y más fácil aún adivinar cómo en cada celebración nacional, y, singularmente, en cada Día de la Bandera, pasado el término de su condena por desobediencia, y ya a buen recaudo, un hijo de extranjera raza –que en mala hora habría nacido en nuestro suelo- podría soltar la risa –mordaz, blasfema- pensando qué poco valen los discursos inflamados, los versos y cantos patrióticos, el redoble de tambores y las salvas de artillería, ante el ultraje IMPUNE de que él habría hecho objeto, un día, a la Bandera, al Himno, al Ejército y al pueblo mismo de Méjico.
Urge, pues, por razones de justicia que no pueden excusarse, aclarar la verdad de los hechos en este episodio. Tal verdad precisada, obrar con sindéresis, y no olvidando la lógica como al presente ha sucedido. Después, y por último, dar a todo ello difusión amplísima para obsequiar lo que a la pública opinión se debe.
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