LIC. OSCAR MÉNDEZ CERVANTES

Por LIC. OSCAR MÉNDEZ CERVANTES

No se puede menos que convenir en que algunos trabajos y proyectos de obras públicas en el Distrito Federal dan pie a serias objeciones que, aunque no de carácter intrínseco, no por ello dejan de ser sobrado valederas.

Tenemos, por vía de ejemplo, el conocido propósito de prolongar hacia el norte de la capital al Paseo de la Reforma. Esto, de llevarse a efecto, tendrá como una de sus inmediatas consecuencias una replanificación de las varias e importantes zonas que esa prolongación atravesaría. Ahora bien, parece estar claramente establecido que, para llevar a feliz término esta ingente tarea, son necesarias erogaciones demasiado altas para las posibilidades normales del Departamento del Distrito, y, por ello mismo, el empeño de varias administraciones.

Si el dato es exacto, y dando por supuesto que el proyecto sea de positiva utilidad pública, surgen las obvias y espontáneas interrogaciones del contribuyente: ¿no es lógico que la autoridad administrativa, en los actos de su función satisfactora de las necesidades públicas, se rija por un criterio de prelacía, de jerarquización?... ¿no es elemental el que se deba dar preferencia a lo que asume categoría de estruendosamente urgente?

La utilidad del aludido proyecto estriba en un atendible pero secundario fin urbanístico ornamental, y en su contribución al tan traído y llevado descongestionamiento del tránsito, que hasta la fecha se quiere lograr errando en la visión fundamental del problema, ya que éste sólo se resolverá descentralizando el centro urbano, es decir, autonomizando para la satisfacción de sus necesidades a cada una de las zonas capitalinas, según el certero apunte del ingeniero Alberto Escalona Ramos no hace mucho, en un diario local.

¿Cómo poner en más elevado plano de urgencia estas dos finalidades con otros problemas que son llaga viva de la Ciudad de México porque atañen a la esencia misma del urbanismo, y que se refieren a cosas tan vitales como el servicio de agua potable, el de alumbrado, el de parques o el de pavimentación de que carecen muchas colonias en las que viven contribuyentes de modestísima economía que a veces llega a lo paupérrimo?

Increíble contrasentido urbanístico resulta preferir lo ornamental y secundario a aquello que es vitalmente primario e inexcusable. Pero, además, hay aquí algo repulsivo y punzante que hiere a la justicia y al sentido social que deben estar implícitos en toda gestión de gobierno. La una y el otro piden puntualmente que en la promoción del bien común se otorgue una decidida, constante preferencia a las necesidades de los humildes, de las clases proletarias que tanto y tan desinteresadamente se dice amar. ¿Por qué, entonces, esta verdadera discriminación en la derrama presupuestal del Departamento del Distrito en contra de los pobres y a favor de la estética de metas turísticas y de “su majestad el automóvil”? ¿Cómo compaginarla con las constantes proclamas de redención del proletariado?

Hay asimismo otros ingentes problemas comunales que están pidiendo a grito herido la atención de las autoridades. El porcentaje capitalino de mendicidad, por ejemplo, es escandaloso. Los servicios de seguridad, notoriamente deficientes. ¿No exigiría la comunidad la multiplicación de centros de asistencia social y el aumento y mejoramiento de los cuerpos policíacos, antes que la apertura de una suntuosa avenida de utilidad pública muy discutible?

Por desgracia, resulta ya “institucional” que este género de preguntas de los moradores de la capital de la República queden siempre sin adecuada respuesta. ¿Será también así en el próximo futuro?