LIC. OSCAR MÉNDEZ CERVANTES

Por LIC. OSCAR MÉNDEZ CERVANTES

En la prensa diaria ha aparecido el resumen de un flamante análisis de los males que aquejan al municipio mexicano, análisis hecho concienzudamente y con rara franqueza por un miembro connotado de lo que por una larga costumbre desígnase en México como Cámara Alta.

Cualquier persona medianamente enterada del tema y de los estudios que sobre el mismo se han hecho en lo que va del siglo, no puede menos que advertir a la primera hojeada que, a la luz de los datos más recientes –registrados en el análisis del señor senador– se puede hacer la dolorosa comprobación de que el lamentable estado presente de la institución municipal es, sustancialmente y sin variación importante –como no sea el agravamiento de los males–, el mismo que muy a lo vivo pintaba ya hace unas tres décadas el ingeniero Modesto C. Rolland en un estudio que hoy podría llamarse clásico y cuyo rubro, significativamente, era El Desastre Municipal. Por cierto que este mismo rubro podría encabezar cuanto se ha dicho y escrito desde entonces sobre las condiciones del municipio mexicano. Y lo que es peor: cuando el ingeniero Rolland publicó el fruto de sus observaciones e investigaciones, las tremendas deficiencias por él señaladas en aquella sazón no eran, desde luego, recientes, sino bien añejas.

Ante la comprobación de tan prolongada persistencia de idénticos males, es cosa de preguntarse cómo es que ha podido irla pasando el organismo nacional a lo largo de todos estos decenios cuando una institución como el Municipio, verdadera pieza maestra de la sociedad y de todo sistema de convivencia con auténtico sentido libertario, ha persistido en una situación de humillante “capiti diminutio”, peor aún: de verdadera esclavitud política y fiscal que incluye, en términos desgraciadamente muy generales, el esquilmo despiadado y sistemático.

Una respuesta desinteresada y sin compromisos de bandería tendría que decir que el organismo nacional ha ido arrastrando durante todos estos largos años la gravísima carcoma de un positivo cáncer localizado en un punto tremendamente vital, porque después de la Familia, el Municipio –básicamente, una agrupación de familias– es el dato sociológico fundamental.

Por puro instinto de conservación, en consecuencia, sería ya más que tiempo de hacer una revisión de la conducta oficial respecto de la Comuna.

Porque, en última instancia, la fuente de donde originalmente fluyen todas las dolencias de nuestro municipio no es otra que el papel de hecho asignado a los ayuntamientos, a saber, el de ser filamentos extremos de la vasta red de control político que parte del poder central y pasa al través de los gobiernos de las llamadas entidades federativas. En efecto, en los numerosísimos casos en que el municipio en México es pobre, o en las ocasiones en que no lo es, pero sí lo son sus servicios públicos –hecho también muy frecuente–, ello no se debe tanto a circunstancias demográficas y geoeconómicas cuanto a la gestión generalizadamente inadecuada cuando no prácticamente nula de los ayuntamientos. Y esto, a su vez, deriva de que las autoridades concejiles son impuestas, velada o abiertamente, por los gobiernos estatales para los efectos del antes citado control político. El resultado lógico es que sólo en el menor número de casos estas autoridades impuestas llegan a tener alguna preocupación genuina por los intereses de la localidad, y sólo miran, de ordinario, a cumplir su papel de agentes de la férrea dictadura política y fiscal que se ejerce sobre los municipios.

Ahora bien –y para no hablar de consideraciones más altas–, si se juzga de acuerdo con la publicidad oficial que el régimen revolucionario está suficientemente consolidado y que no tiene antagonista al frente que pueda inspirarle serios temores, ¿para qué mantener esa situación catastrófica de la mayoría de nuestros municipios, enfermos de todo mal por causa de un control político que por la referida y consagrada hipótesis ya no tiene razón de ser? ¿Y no es más que llegado el tiempo de empezar por la modificación de las mismas bases legales de la institución comunal reformando el artículo 115 constitucional y reglamentándolo adecuadamente para hacer del municipio mexicano una entidad positivamente libre?

Comenzando por ese punto de partida elemental, con las obvias dificultades de toda reconstrucción excesivamente demorada, estamos seguros de que el espíritu de cooperación municipal –cuya falta tanto lamenta en su valioso estudio el destacado senador– despertaría rápidamente. De ahí a elaborar sistemas eficaces de administración comunal con sentido técnico y con funcionarios realmente responsabilizados, no habría más que unos cuantos pasos. Todo es cuestión de que el Estado lo quiera. Si esas raíces se echaran, más a la corta que a la larga, sobrevendría el aprovechamiento racional de los recursos económicos de cada circunscripción municipal y una bienhechora atmósfera de libertad haría sentir sus efectos en todo el país. Para ello serían precisas otras bases de las elecciones concejiles y una distribución de los rendimientos impositivos bien diversas de las que hasta hoy siguen empobreciendo y desnaturalizando a esa verdadera “universidad de la ciudadanía” que debe ser el Municipio.

Sería necesario, en suma, un sentido renovador que pusiese al día, a tono con las corrientes modernas, las bases mismas de la organización jurídica del municipio mexicano y de sus sistemas de administración. Porque al leer el texto del artículo 115 constitucional —sin considerar su triquiñuela de proclamar la libertad del municipio y asesinarla a renglón seguido haciendo depender la economía comunal de la legislatura local— salta a la vista que en él no hay el menor asomo siquiera de sospecha de que el tiempo ha transcurrido, de que una fértil, variada y abundante experiencia municipalista ha tenido lugar en el mundo por lo menos en los últimos cincuenta años.