LIC. OSCAR MÉNDEZ CERVANTES

Por LIC. OSCAR MÉNDEZ CERVANTES

Quiere cobrar bríos una tendencia, cada vez más explícita, que nos dice que la Historia se encamina por evolución fatal, por la fuerza inescapable del “progreso”, a la desaparición de las nacionalidades y de las correlativas independencias. Oponerse, agrega, a esta ley del progreso equivale a un verdadero reaccionarismo. Provechoso es preparar el ánimo, en lo individual y en lo colectivo, para esa inminente etapa. Sobre todo –insiste-, es palmariamente falso y científicamente desacreditado el viejo concepto de la independencia absoluta de los Estados nacionales.

Resulta necesario despojar a todo esto de su vano ropaje pseudo científico.

Cierto que se aludía a una falsedad notoria cuando se nos hablaba –en los discursos “fin de siglo”, en los viejos tratados de Derecho Político, en las cartillas de instrucción cívica- de la independencia absoluta de la Nación. Ello, en realidad, no era sino expresión hacia el exterior de aquella soberanía sin límites que el liberalismo le asignó al Estado. En cambio, la tesis verdadera hubo de declararla, hace cuatro siglos, un fraile dominico: Francisco de Vitoria. Con breve sencillez, expresó: “Los hombres son de naturaleza eminentemente limitada…, se necesitan unos a los otros para poder emprender las labores que les impone su naturaleza… Asimismo, las naciones, cada una necesita de las otras”. De esto, lo que se infiere no es que las naciones y su legítima autonomía deben desaparecer; sino que se deben recíproca ayuda, y que la independencia de cada una se halla limitada por la interdependencia de todas, por el BIEN COMUN, del conjunto internacional.

Pero esta inferencia tan obvia es ignorada por el “mundialismo” desenfocado o tendencioso. Y es que aquí entra una vez más en juego el virus de los principios totalitarios liberales, llevados a sus últimas y planetarias consecuencias. Esto requiere quizá para muchos una explicación, para lo cual hay que traer a cuento un capítulo histórico y unos principios infortunadamente olvidados.

En efecto, cuando el Estado absolutista liberal triunfó en todos los planos, con mayor o menor intensidad consumó en cada nación –por cierto que también en nombre del “progreso”- una nefasta labor centralizadora que es contraria a la naturaleza de las sociedades y que contradice su espontáneo desarrollo vital. Ese Estado absolutista –en nombre de la ilimitada soberanía que le fue atribuida-, en forma positivamente delictuosa y liberticida, acabó gradualmente con los diversos y preexistentes grupos infranacionales, o al menos con su legítima autonomía. Y ello era lógico. Se trataba de que nada pudiese hacer sombra al poder central despótico. Diéronse entonces golpes de muerte a la Familia y a su estatuto jurídico tradicional: al Municipio y sus libertades seculares; a las corporaciones que encauzaban hasta entonces orgánicamente –pese a los exclusivismos monopolistas que en un momento dado la desnaturalizaron- a las diversas actividades sociales; y, finalmente, a las provincias o regiones en su calidad de personas morales con fueros nativos o consagrados por un Derecho consuetudinario de siglos . Toda aquella antigua, espléndida floración natural de agrupaciones humanas que se jerarquizaban armónicamente en la Constitución tradicional de los pueblos de Occidente, pereció o quedó desvitalizada y anémica ante la brutal tiranía centralizadora. De ello hay aciagos y notorios ejemplos así en Europa como en América.

Y aquí cabría preguntar: Para la perfección y eficacia de cada Estado nacional, ¿era forzoso y legítimo debilitar la constitución de la Familia; reducir al Municipio a un simple término territorial gobernado por una delegación del poder del centro, desconociendo así su personalidad natural –caso típico, aquí, el de los “jefes políticos” porfirianos-; hacer otro tanto con las provincias o regiones, y aniquilar la asociación profesional expresada en los gremios?

Ni forzoso, ni legítimo. Lo primero, porque no se necesitaba desconocer los derechos ya existentes sino simplemente coordinarlos en una unidad superior, la del Estado, el cual puntualmente sólo se justifica en cuanto –al través del Bien Común, que constituye la gestión específica del Estado, de ninguna manera es opuesto a los bienes particulares –sean éstos de individuos o de grupos-, antes los supone y además los hace más fácilmente asequibles.

Pues del mismo modo, el gobierno supranacional es meta que ciertamente debe alcanzarse. Pero el mal camino para ello sería empezar por negar el perfil de cada grupo nacional, su indiscutible personalidad jurídica con los derechos a ella anexos. Estos derechos, en las relaciones con los demás grupos nacionales, se manifiestan, globalmente, en eso que hay que insistir con toda tenacidad en seguir llamando con la voz consagrada: INDEPENDENCIA.

Contra ésta, que es un valor de permanente vigencia, por el cual han luchado siempre los hombres y los pueblos; y contra todo aquello que le encarna: poder de decidir el rumbo de la propia existencia en lo interior, posibilidad de estructurar su vida interna en instituciones que expresen el carácter y la orientación histórica de cada nación, todo lo que, en suma, se incorpora a través del enérgico dinamismo sociológico de los símbolos en una bandera; contra todo eso, se pronuncia el mundialismo pseudo científico e interesadamente tendencioso. Y hay que estar alertas…