LIC. OSCAR MÉNDEZ CERVANTES

Por LIC. OSCAR MÉNDEZ CERVANTES

El líder de los barones del Reino se levantó con lentitud del tosco asiento. Y—pensando las palabras- dijo al grupo de feudatarios menores que banqueteaban honradamente después de la partida de caza, un día del invierno de 1217:

-Señores, he de contestar a la pregunta que me acabáis de hacer. Y he de deciros que, hasta donde yo sepa, no existe copia alguna de la Carta presentada para su firma, hace dos años, al Rey Juan en orden a garantizar los derechos y libertades de todos nosotros.

Es de imaginarse la conmoción, el desquiciamiento cósmico producido en el ánimo de los que podemos suponer fieros oyentes, todos los cuales habían batallado rudamente contra la opresión de Juan Sin Tierra. Un temeroso silencio y una tumultuosa algarabía alternaron entonces en aquel ámbito saturado del olor del jabalí recién asado al fuego y por el “bouquet” de los generosos vinos franceses de tierras normandas, el gran feudo de la Corona en tierras continentales.

A renglón seguido, los circunstantes, todos barones de aquellos contornos, miraron interrogantes a Sir X, que se suponía era el firmante a nombre de todos ellos de aquel documento que —hasta ese momento se habría creído— marcaba el primer jalón en la definición del nuevo “status” del Reino y el punto inflexible de partida de la flexible Constitución inglesa.

-Pues señores, repuso Sir X, a aquella muda pregunta. A mi vez debo decir que yo sólo firmé una lacónica declaración por la que nosotros nos adherimos al documento firmado por los líderes feudales y el Rey Juan.

-Pero es que ni el Rey Juan ni nuestros líderes han firmado nada. O si algo firmaron, la Carta Magna ha de estar en tierras del Gran Turco, exclamó alguno que se dio cuenta cabal del tremendo desastre.

La crónica no se molesta en decir qué es lo que ahí sucedió después de estas palabras. Por vergüenza, tal vez, de lo absurdo de su relato… ¿Inglaterra enterándose dos años después de la memorable jornada de 1215, de que la Carta Magna no existe?... ¡Vamos!

Una dolorosa sorpresa para las mal llamadas naciones menores han sido las declaraciones del Presidente Roosevelt, respecto a la inexistencia de la Carta del Atlántico. Y para México, la confirmación de la noticia por el Secretario de Relaciones.

Según el primero, lo más cercano a ella que existe, estriba en las notas entregadas a los telegrafistas de los barcos de guerra inglés y norteamericano en que se celebraron las pláticas. Notas manuscritas en parte por el propio mandatario estadounidense y el premier de Albión, y en parte por el entonces subsecretario de Estado Sumner Welles y por Sir Alexander Cadogan, funcionarios del ministerio inglés de relaciones. Pero en cambio, las Naciones Unidas sí firmaron las obligaciones de esa Carta que no existe, el 1º de enero de 1942.

El Gobierno de México, posteriormente, se adhirió a estas obligaciones. Firmó una declaración escrita de puño y letra del señor Roosevelt con la pluma del embajador mexicano, y en la que se expresaba: “Por este documento nos adherimos al de las Naciones Unidas.” Ello ocurrió así porque lo que las Naciones Unidas habían suscrito se hallaba en una caja fuerte y el hombre sabedor de la combinación respectiva, a muchas leguas de distancia.

El enterarse de esta prisa antiprotocolaria de entonces, tiene que causar, hoy, en el público nacional, un pésimo efecto. Diríase que hubo en aquel momento un temor no expresado de que México no estampase posteriormente su firma en el documento sibilinamente escondido en la caja fuerte del Departamento de Estado.

La organización constitucional de México está basada en el sistema presidencial, que dicen los tratadistas de Derecho Político, diferenciándolo del sistema parlamentario. Creemos que si en éste último se basara, el resultado inmediato de estas cataclínicas novedades no sería otro que el de una subsecuente tempestad en el parlamento, que se supone que es el órgano de la representación política de la Nación. Si el señor Churchill ha tenido que confrontar últimamente la primera oposición seria a su gobierno con motivo de los sucesos de la Hélade, los que para Inglaterra revisten quizá menor gravedad que la que puede tener para México la revelación de la no existencia de un capital instrumento documental, solemne y trascendente como pocos para nuestra vida internacional, nos parece justo que la opinión pública mexicana reciba al menos adecuadas explicaciones sobre este negocio, a través de órganos autorizados del mundo oficial. Sólo así podrá formarse un juicio ni temerario ni apriorístico de cómo ha sido llevada la política exterior del país, cosa a la que tiene derecho.

No desconocemos la no usual gravedad de este lenguaje. Va a tono con la gravedad, tampoco usual, del hecho que la motiva.

En fin, algo sería el que se nos dijese que, si no hay nada escrito, sí hay en cambio mucho hablado y que se garantiza—rasgo tomado del medievalismo hispánico de nuestros rancheros- con un pelo de la barba, de esos que avalaban una promesa o un pacto con más eficacia que cien firmas.