LIC. OSCAR MÉNDEZ CERVANTES

Por LIC. OSCAR MÉNDEZ CERVANTES

Se ha vuelto a hablar estos días del caso del ayuntamiento de Tehuacán, no rara sino rarísima avis en México porque en lugar de ser un tentáculo más del centralismo absorbente y político es un cuerpo genuina y escuetamente administrativo. Por un lado resulta triste su carácter de islote en medio del generalizado y ya añejo desastre del municipio mexicano. Por otro, hay que alegrarse de que una vez siquiera se han escuchado los clamores del buen sentido reconociendo –de manera implícita, al menos- que ni la sociedad comunal ni, por consiguiente, su régimen de gobierno tienen de suyo naturaleza política.

Porque, de acuerdo con las informaciones, en Tehuacán, si bien electo bajo el signo del partido oficial y siguiendo los objetables patrones de sufragio a los que se conforman nuestras rezagadas ideas sobre las funciones electorales, el ayuntamiento se ha integrado, por lo que hace a la extracción de sus miembros, con un criterio básico que podría llamarse estamental o corporativo. Es decir, se ha buscado menos satisfacer una bandería política cuanto obtener una representación proporcional y equitativa de los diversos intereses legítimos que se dan en la realidad sociológica del municipio.

De esta suerte, los regidores representan ahí bien a las organizaciones de trabajadores, bien a las organizaciones agrarias; ya a los comerciantes, a los industriales e inclusive a los profesionales en general. Falta, a lo que entendemos, una representación específica del interés intelectual significado por las instituciones culturales de la localidad. Y cabría, sobre todo, señalar la ausencia de representación del interés específicamente familiar, ya que debe recordarse que el municipio, antes que otra cosa, es una extensión directa de la célula de la sociedad, de la agrupación familiar.

Lo cierto es que esta concesión al sentido común y a la naturaleza misma de las cosas ha dado, se dice, frutos óptimos. Un concejo de personas honorables que, además, no viven de la política sino de la gestión y ejercicio de negocios y actividades propios y de índole privada, ha obtenido lo que en nuestro medio se antoja punto menos que milagroso: una administración local en que se aúnan la honradez y la eficacia.

Ello es rigurosamente lógico y dice elocuentemente que este caso anómalo debería ser lo corriente e institucional en el país. Por una parte, si los concejales tehuacanenses se conforman con los meramente simbólicos sueldos de novecientos pesos quien los preside y trescientos pesos los demás, y si los dineros comunales se invierten de veras en las obras y servicios públicos es porque aun sin subrayar su honradez personal ningún miembro del ayuntamiento depende, para vivir, de su puesto edilicio. La tentación del medro ilícito se ve así privada de su primera y fundamental ocasión para hacerse presente. Por otra parte, los componentes de este gobierno municipal tienen sobre sí no ya la vaga y desleída presión de electorado heterogéneo cuanto la específica de los grupos sociales cuyo interés concretamente representan dentro del concejo local. Esto supone una responsabilidad muy efectiva del ejercicio de sus funciones, lo cual es, ni más ni menos, una de las metas medulares de la doctrina y la práctica del municipalismo moderno.

Hay algo más aún. El espíritu de responsabilidad que el sistema ha suscitado ha hecho que a las sesiones del cabildo se les haya dado un carácter público, dando así a entender que no se teme y sí se quiere la fiscalización popular, el interés y los puntos de vista de todos en los negocios comunales. Esto constituye ya un encomiable esbozo de control, por parte de los propios gobernados, del régimen local; esbozo al que sólo faltaría desembocar en las instituciones clásicas de control de un municipalismo avanzado: la revocación y el referéndum.

La lección de Tehuacán quiere decir, entre otras cosas, dos muy importantes. Primero, como subrayan las informaciones, que los mexicanos somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos en cuanto hay un mínimo suficiente de libertades. Segundo, que si queremos municipios florecientes hemos de convenir en que los sanos principios y prácticas relativos a su régimen interior no deben ser motivo de ideología política, sino de escueto reconocimiento de la naturaleza de las cosas por parte de sirios y troyanos. Porque, al presente, el mismo caso de Tehuacán está sujeto al delgadísimo hilo de “que este género de ayuntamiento… no vaya a desconocerlo el siguiente gobernador” del Estado.

Y aquí es de repetir lo del rural personaje de Pereda: “Yo le diría al Estado desde aquí: “Tómate, en el concepto que más te plazca, lo que en buena y estricta justicia te debemos de nuestra pobreza para levantar las cargas comunes de la patria: PERO DÉJANOS LO DEMÁS PARA HACER DE ELLO LO QUE MEJOR NOS PAREZCA:… nuestros bienes comunales, nuestras sabias ordenanzas, nuestros tradicionales Y LIBRES concejos; en fin (y diciéndolo a la moda del día), nuestra autonomía municipal y Cristo con todos”.