La corrupción de la autoridad detrás de una frase

La dirigente de Morena en Colima, Mitzuko Márquez, afirmó que quienes no estuvieran felices en México deberían retirarse del país. Añadió que México atraviesa un buen momento y que sus condiciones serían suficientemente favorables para exigir semejante satisfacción.

Sería superficial reducir la frase a una imprudencia verbal o a una desafortunada provocación partidista. Las palabras de quienes ejercen o rodean el poder poseen una significación política que frecuentemente excede su intención inmediata. En este caso, la expresión deja al descubierto una deformación más profunda: la pretensión de quien ya no se considera servidor de la comunidad política, sino intérprete autorizado de la patria y dueño simbólico de su pertenencia.

El problema no consiste en afirmar que México vive un buen momento. Esa apreciación puede discutirse, demostrarse o refutarse. La gravedad comienza cuando, a partir de una valoración partidista de la realidad, alguien se atribuye la potestad de sugerir quién debe permanecer en el país y quién debería abandonarlo.

¿En virtud de qué autoridad puede una dirigente política indicar a un mexicano que se retire de su patria?

¿Con qué título puede hablar como si México fuera propiedad del grupo gobernante y sus habitantes simples moradores admitidos a condición de aprobar la interpretación oficial de la realidad?

La frase encierra una inversión del orden político. México deja de aparecer como la comunidad histórica concreta a cuyo bien debe ordenarse el poder y comienza a ser tratado como prolongación de una facción. El partido ya no se reconoce como parte de la comunidad política; pretende, por el contrario, absorberla, representarla por entero y juzgar desde sí mismo quién pertenece legítimamente a ella.

Este es el verdadero alcance de la afirmación.

La autoridad política no constituye a la patria ni crea la comunidad. La recibe. No es causa de su existencia, sino principio de dirección al servicio de un bien que la precede y la supera. Quien gobierna no adquiere dominio sobre la nación: recibe una función, limitada por la justicia, ordenada al bien común y responsable frente a la realidad concreta de aquellos a quienes debe servir.

El poder no convierte al gobernante en propietario.

Mucho menos concede a una dirigente partidista la facultad de distribuir certificados de mexicanidad, medir la fidelidad de los ciudadanos según su satisfacción con el gobierno o convertir la adhesión a un proyecto político en condición de pertenencia a la patria.

La corrupción comienza cuando la autoridad deja de entenderse como oficio y empieza a concebirse como posesión. La victoria electoral se interpreta entonces como superioridad moral; la mayoría circunstancial, como identificación con el pueblo; el gobierno, como encarnación de la nación; y el partido, como medida de la legitimidad política.

A partir de ahí, quien discrepa ya no aparece como un miembro de la comunidad que juzga los actos del poder, sino como un elemento extraño, ingrato o perturbador. No se responde a sus razones: se pone en cuestión su pertenencia.

La frase de Mitzuko Márquez pertenece enteramente a esta lógica.

No es necesario suponer en su autora una teoría política elaborada. Puede tratarse de algo más elemental y, en cierto sentido, más grave: el hábito mental producido por un poder que ya no reconoce una realidad superior a su propia narración.

Cuando una facción escucha solamente su propaganda, interpreta toda crítica como enemistad y se persuade de que su predominio equivale al bien del país, pierde progresivamente el contacto con el orden real. El gobierno se juzga por su propio discurso; el partido se toma por el pueblo; el éxito político se confunde con la justicia; y la inconformidad del ciudadano se convierte en una culpa del propio ciudadano.

Esa es la pérdida del juicio político.

La política, rectamente entendida, no consiste en imponer una felicidad oficial ni en exigir conformidad emocional a los gobernados. Tiene por objeto dirigir la comunidad hacia su bien común mediante la justicia, el orden, la prudencia y la recta determinación de aquello que conviene a la vida social.

El gobernante no está llamado a certificar la felicidad del pueblo.

Debe procurar las condiciones del bien común y responder por aquello que su acción u omisión favorece, deteriora o destruye.

Por ello resulta especialmente indecente sugerir que quien no está satisfecho debe marcharse. La frase traslada al ciudadano la responsabilidad por los males que denuncia. El problema deja de ser la inseguridad, la enfermedad, la pobreza, la corrupción, la extorsión o la desaparición de personas. El problema pasa a ser quien se niega a declarar que todo marcha bien.

Así, el sufrimiento real queda subordinado a la conservación del relato.

Pero México pertenece también a la madre que no encuentra medicamentos, al comerciante sometido a extorsión, al familiar que busca a un desaparecido, al trabajador que no puede sostener a su familia, al médico que denuncia la ruina de un hospital, al empresario amenazado por la inseguridad y al ciudadano que contempla con angustia el deterioro de su comunidad.

No porque el país sea una suma de voluntades individuales soberanas, sino porque todos ellos forman parte de una misma comunidad política y el bien común debe abarcar su vida concreta, no solamente la tranquilidad retórica de quienes gobiernan.

Ningún partido es la patria.

Ningún gobierno agota a la nación.

Ninguna mayoría convierte en justo lo que es injusto ni transforma la propaganda en verdad.

La patria es una realidad histórica y moral anterior a los gobiernos sucesivos. Se recibe de generaciones precedentes, se conserva mediante deberes concretos y se transmite a quienes vendrán. El poder político existe para custodiar ese orden, no para apropiárselo.

Por eso la frase es más que arrogante. Revela una concepción patrimonial del poder: la idea de que el país pertenece a quienes gobiernan y de que los demás permanecen en él por una tolerancia condicionada.

Quien piensa así ha dejado de comprender la autoridad.

La autoridad verdadera reconoce un orden que no ha creado, una justicia que no depende de su voluntad y un bien común que no puede identificarse con la conveniencia de la facción gobernante. Sabe, por tanto, que puede equivocarse, que debe escuchar la realidad y que sus actos pueden ser legítimamente juzgados conforme a criterios superiores al éxito electoral.

La autoridad corrompida, en cambio, se toma a sí misma como medida. No sirve al orden: pretende producirlo. No reconoce a la comunidad: quiere definirla. No gobierna para todos: distingue entre los fieles y los sospechosos, entre quienes celebran y quienes incomodan, entre ciudadanos útiles al relato y ciudadanos cuya mera presencia contradice la imagen oficial.

No sabemos si Mitzuko Márquez alcanzó a comprender todo lo que su frase contenía. Pero las palabras revelan a veces con mayor precisión que los programas aquello que una clase política ha comenzado a pensar de sí misma.

Y lo que aquí aparece es grave: la convicción, quizá todavía confusa pero ya operante, de que México pertenece al partido que gobierna.

No le pertenece.

México no es patrimonio de Morena, ni de ningún otro partido; no es recompensa electoral, propiedad administrativa ni espacio concedido por quienes ocupan temporalmente el poder. Es una comunidad histórica ordenada a un bien común que ningún gobierno puede fabricar, monopolizar ni sustituir por su propaganda.

Si alguien ha perdido el sentido de su lugar no es el ciudadano que denuncia los males de su patria.

Es el político que, extraviado por el poder, olvida que no es dueño de México, sino apenas uno de sus servidores temporales. ●